Conforme
una equidad elemental, resulta imposible sostener
la actual estructura tributaria y la enorme inequidad
contributiva traducida en una mayúscula
y perversa transferencia de recursos eludiendo
ilegalmente la metodología constitucional
pertinente.
Nuestra Carta Magna en su artículo 4, establece
la equidad y proporcionalidad como base ética
y republicana para impuestos y contribuciones
lo que se corresponde analógicamente con
el párrafo segundo del inciso 19 del artículo
75 de nuestra Carta Magna.
En este contexto no se debe sostener flagrantes
inequidades sostenidas por fuertes intereses y
aparatos corporativos y populistas que no hacen
otra cosa que postergar el desarrollo y derechos
iguales de todos al mismo (Arts.16, 75 y cc. CN.).
Esta hipocresía no es un dato menor en
lo concerniente al gasto público y la inversión
social sino toda una absurda mutilación
de los mismos y burlas como las del 'tren bala'
que puede esperar en el anden de las prioridades
propias de un genuino y concreto desarrollo humano.
En efecto, la atención de las necesidades
físicas básicas, los servicios esenciales,
el retraso, insuficiencia y desactualización
en infraestructura básica, primaria y esencial
(vg., la buena disposición de países
vecinos no alcanza para que llegue en tiempo y
forma a cada argentino, a cada industria, energía,
gas o petróleo), la obra pública
comprometida para 2008 entre otros ítems
centrales ya se ven amenazados porque se gastó
-indebidamente y eludiendo toda afectación
legal- más e ineficientemente conforme
el Instituto de Estudios de la realidad Argentina
y Latinoamericana (IERAL- 8/10/07).
En contexto tal, el diálogo social es incompatible
con condicionamientos en general y presiones sindicales
o violencias piqueteras en singular, sindicato
y piquete 'empoderados' discriminatoria y más
palpablemente en estos últimos dos años,
organizaciones paragubernamentales que puede inmovilizar
la enorme producción agraria –y al
país- sin quedarnos siquiera la posibilidad
para acudir a nuestros ferrocarriles, verdaderos
'gigantes costos hundidos' que otrora por la presión
de la industria del caucho, ora por presión
corporativa nos pueden poner en aprietos difíciles,
dificultosos e inaceptables en un país
que ya debiera superar la predemocracia.
Si la justicia es la virtud, facultad e imperium
de dar a cada uno lo suyo, una constitucional
reestructuración tributaria equitativa
y realista en todas las instancias: nacionales,
provinciales y municipales será mucho más
que superar una rémora reprochable traducida
y expandida en abusos del derecho, del poder,
de la autoridad así como de múltiples
y diversas inconstitucionalidades, por acción
u omisión (Ministerio Público, Defensor
del Pueblo, Auditor General de la Nación,
y Corte Suprema de Justicia) sí, mucho
más, implicará la derogación
ficta del eufemismo –no coparticipable-
de las retenciones y asegurará finalmente
la infraestructura primaria, secundaria y terciaria
para todo el aparato productivo y social argentino
actual así como para toda su lozanía.
En dicha reestructuración será 'clave'
una tasa retributiva que sea compatible y se corresponda
con la fertilidad y el valor de la tierra y se
ajuste en más o en menos, conforme una
canasta de productos agrícolas, el contexto
internacional y la perfomance climática
del año agrario pertinente.
Así pues, para evitar también otro
vericueto de un renovado sofisma vernáculo,
antes que replantearnos una justa, oportuna, neutral
y equitativa coparticipación, favor no
menudo será darnos la oportunidad de un
debate amplio y generoso que nos traslade a una
sinceridad tributaria capaz de plasmarse en políticas
diferenciadas que tiendan simultáneamente
a reequilibrar el desigual desarrollo relativo
de provincias, regiones; pequeños y medianos
productores, afianzando la justicia, consolidando
la paz interior y logrando finalmente un bienestar
general genuino y duradero, abandonando cimientos
arenosos de espasmos personalistas por otros pétreos
constitucionales que traen aparejados los cambios
reales de nuevas políticas económicas,
tributarias y sociales, realistas y mucho más
equitativas.
* Abogado Investigador de la Universidad Nacional
de Córdoba.
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