La respuesta del Gobierno Nacional a la histórica protesta del sector agropecuario llegó en el día 20 de las medidas de fuerza. El anuncio tuvo la pompa de las grandes ocasiones: la presidenta de la Nación utilizó el Salón Blanco de la Casa de Gobierno (el mismo donde se realiza la ceremonia de traspaso de mando de los presidentes) y los medios de comunicación transmitieron prácticamente en cadena los anuncios del ministro de Economía, Martín Lousteau, y de la presidenta Cristina Fernández. En las rutas, los productores siguieron atentamente los discursos y allí mismo, en improvisadas asambleas, decidieron el rechazo a los anuncios.
El Gobierno puntualizó su respuesta a los reclamos en los siguientes puntos:
Reintegros: Se subsidiará a los pequeños productores con un reintegro que, según el cálculo del Gobierno, equivaldría a unas retenciones del 35%. Para diferenciar chicos de grandes, se considerará "pequeño productor" a aquel que produzca menos de 500 toneladas. Se paga por una transferencia bancaria al CBU de cada productor.
Una Subsecretaría especial: Se creará la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, que impulsará la producción de menor escala. La promesa, en realidad, es de la época en la que Felisa Miceli conducía el Ministerio de Economía. La diferencia es que esta vez el comentario fue aprobado con un gesto público de la Presidenta.
Reapertura del registro de exportaciones de trigo: Se reabrirá el registro de exportaciones de trigo y se asegurará a cada productor el cobro del precio pleno de la producción. También se ofrecerán, vía Banco Nación, créditos de hasta cinco años con una bonificación de hasta seis puntos de interés para quienes produzcan leche (tambos) y para productores avícolas.
Subsidios a fletes: Beneficiará a quienes se encuentren a más de 400 km de los puertos. La medida hará que los pequeños productores paguen 91 pesos por tonelada. En el NOA, representa el 58% del costo de flete. Como en el caso de los reintegros, la compensación será automática vía transferencia bancaria al CBU del productor.

Las reacciones
Las medidas no conformaron al sector agropecuario, no por una reacción antojadiza sino porque la experiencia indica que varios de los anuncios son impracticables. En primer lugar, nadie explicó como se harían los reintegros, a los que el ministro Lousteau calificó como "automáticos".
Los antecedentes de reintegros "automáticos" no son buenos. Vale citar el caso de los productores de trigo. De 48 millones de pesos en reintegros que correspondía entregar, por los granos cosechados en la campaña 2006 y con trámites presentados por la Federación de Centros de Acopiadores hasta marzo de este año, sólo se habían pagado aproximadamente unos 15 millones de pesos. Y todo con enorme atraso y tras innumerables trámites burocráticos.
Es una gran duda –por lo menos hasta que se reglamente- cómo se determinará el monto sobre el cual será operativo el reintegro. Con las retenciones móviles, el seguimiento de las operaciones debería realizarse día a día. ¿Cómo se determinará qué agricultor produce menos de 500 toneladas? ¿Y si alguien fracciona sus ventas?
Por otra parte, la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) está absolutamente desbordada en su capacidad de respuesta y organización, y actúa con ineficiencia, según lo comprobaron los productores lácteos, que también reciben sus subsidios con cuentagotas. Más: hasta las industrias tienen problemas serios, pese a que sus departamentos contables y equipos profesionales les permiten presentar la documentación con orden y a tiempo. Una conocida empresa láctea, de las más importantes del país, tiene pendientes de cobro 60 millones de pesos, por los compromisos asumidos en su momento para mantener los precios bajos al consumidor argentino.
La reapertura del registro de operaciones de trigo es una medida largamente reclamada por el campo y es positiva, pero llega cuando ya la mayor parte de la cosecha del 2007 fue comercializada y los exportadores ya embolsaron pingües ganancias, por haber pagado el grano al precio de los molinos harineros (el valor "compensado" por el Gobierno), sin que los productores reciban ningún reintegro, y haberlo exportado a precio internacional.
Tampoco está claro de qué manera se subsidiarán los fletes. ¿Se tomarán como referencia las cartas de porte? ¿Qué organismo se encargará de controlar el sistema? ¿Dónde debería presentarse la documentación? ¿Cómo se evitarán los focos de corrupción que terminarían desvirtuando el sistema? ¿El productor pagará los fletes más baratos o también en este caso tendrá que esperar los "reintegros"? ¿O los reintegros los tendrán que esperar los transportistas?
Todas estas preguntas, al cierre de nuestra edición, permanecían sin respuesta. De allí la decisión del campo de seguir adelante con las protestas.

U$S 10.200 millones

Es el impresionante número de la transferencia de riquezas hacia el Estado en materia de retenciones que no son coparticipables.

Bajo el polémico método de recaudación impuesto por el Ministerio de Economía, las provincias productoras aportarán en 2008 más de 32.000 millones de pesos (casi 11.000 millones de dólares) en materia de retenciones a las exportaciones agropecuarias.
Se trata de una cesión sin retorno; ni un solo peso de esa millonaria contribución se distribuye automáticamente entre las arcas provinciales. El problema es que los impuestos al comercio exterior no se reparten a través del sistema de coparticipación federal, como ocurre con otros tributos (Ganancias e IVA son los más importantes en este sentido), sino que los recauda y administra directa y exclusivamente la Nación.
De acuerdo con un informe de la Fundación Mediterránea, la provincia de Buenos Aires aportará 10.000 millones de pesos (32%) en materia de retenciones a las exportaciones. En el ranking de las que más aportarán sigue Córdoba, con 8.000 millones de pesos (24%); Santa Fe le dará a las arcas de la Nación 7.000 millones de pesos (21%) y Entre Ríos, 2.500 millones (7%).
Santiago del Estero y Chaco completan la grilla de las provincias que más aportan al fisco en materia de derechos de exportación, con 1.200 millones y 1.100 millones de pesos respectivamente. El resto del país también hace su contribución, pero es mucho menor, con el 8 % del total.
Sin embargo, no reciben las provincias que más aportan una coparticipación equitativa acorde a las necesidades que cada distrito nacional tiene. Mientras tanto, las provincias atraviesan situaciones fiscales por demás delicadas: sin ir más lejos, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, estiman una caída inquietante de su superávit fiscal para este año. Esto explica por qué casi todos los gobernadores oficialistas, salvo el cordobés Juan Schiaretti, acudieron sin chistar el jueves 27 de marzo al acto de Parque Norte para acompañar al Gobierno en el conflicto con el campo.