Vale detenerse en el análisis del término "negociación", que fue muy utilizado por los medios de comunicación en los días posteriores al paro, pero que sin embargo no es del agrado de todos los productores. "Negociación" implica acudir a un diálogo donde ya existe un juicio previo, una decisión tomada o (en el peor de los casos) una medida ya vigente. Esto equivale a decir que el productor enfrenta una mesa de diálogo siempre en inferioridad de "condiciones", puesto que las medidas siempre son impuestas por el Gobierno central, nunca consensuadas y en todo caso sobre esa base "se puede negociar algo". "Negociar" es una acción que realizan aquellas personas que ya recibieron una oferta que no les convence. Entonces deben ponerse a buscar alicientes sobre cuestiones ya resueltas y decididas de manera inconsulta, en este caso, por el Gobierno; eso posterga la creación de un verdadero Plan Agropecuario para el país porque quién mejor que el hombre de campo para asesorar al Estado en temas estratégicos específicos. Más allá de la potestad que el Gobierno tiene para tomar medidas económicas, quedó demostrado en infinidad de oportunidades el diagnóstico equivocado que tienen sobre la realidad agropecuaria, lo cual es motivo más que suficiente para convocar al campo en una mesa de concertación, no de negociación. De este modo, las entidades podrían consensuar junto con el Gobierno la estrategia de los próximos cinco años, y no estar pensando (como actualmente sucede) en cómo menguar o tamizar medidas regresivas a fin de "negociar" algún beneficio colateral, que en realidad termina siendo siempre la elección del "mal menor".

Consecuencias

Secuelas de una medida firme que alcanzó puntos extremos y que se levantó a tiempo

El paro agropecuario despertó una amplia adhesión de la sociedad en su conjunto, al menos en el principio de la protesta, aunque este apoyo comenzó a flaquear a medida que pasaban los días, con las respuestas de la presidenta y con el endurecimiento de la medida de fuerza. Quienes en un principio se mantuvieron expectantes, casi al margen de los reclamos sin tomar partido comenzaron a sentirse perjudicados por los cortes de rutas y entonces la opinión pública, los medios de comunicación y el ciudadano común torció su parecer, empezando a criticar la dureza en algunos piquetes y la falta de alimentos en los supermercados y carnicerías de barrio.
Las consecuencias más lamentables fueron las suspensiones de obreros en algunos frigoríficos de la región central de Santa Fe y Buenos Aires; de trabajadores de ferias y remates; empleados de la actividad avícola y las pérdidas de alimentos varados en el calor de las rutas que debieron ser desperdiciados (pollos, leche, carnes, frutas y verduras). EL desabastecimiento terminó impulsando los precios de lo poco que había en las ciudades más grandes y el temor a que dichos valores no vuelvan a bajar, continúa latente y bajo la lupa del Gobierno.
Un episodio que generó repudio fue el derramamiento de leche cruda en las rutas. Se estima que alrededor de 100.000 litros fueron desechados al costado de los piquetes.
Un caso irremediable. Una ambulancia que transportaba hacia Río Cuarto a un infartado grave, debió desviar su camino más de 100 km hacia Villa María debido a la negativa de un corte en Laboulaye de dejarla avanzar. Según explicaron los médicos no llegaron a tiempo para compensarlo en un centro de salud acorde y el paciente falleció.
Son datos que hacen a la información más triste que se generó en los 21 días y que en cierta forma, llevaron a la decisión de "aflojar" la medida y empezar a pensar cómo continuar la protesta sin claudicar ideales pero sin perjudicar a terceros.