- Toda medida de estímulo a cualquier sector o subsector del campo debería tener como condición que los trabajadores rurales se desempeñen en el marco de las leyes laborales y de seguridad e higiene más elementales. No es admisible, bajo ninguna explicación, que el trabajo en negro entre los trabajadores del campo sea por lejos el mayor de todos los sectores.
- Existe un proyecto de Ley de arrendamientos, presentado por dos diputados (Ilarregui y Cantero) en 2006, que busca acotar el trabajo de los fondos de siembra, dándole estabilidad mínima de 5 años a los compromisos de arriendo. A el deberían agregarse compromisos de rotación entre cultivos y parece una buena medida regulatoria.
- Se debería subsidiar parte de los fletes mayores de 200 kilómetros hasta el puerto, hasta un tonelaje máximo por productor.
- Se debería computar parte de las retenciones como adelanto de impuesto a las ganancias, para productores directos con menos de cierta superficie límite.
- Se podría importar en forma directa herbicidas y fertilizantes, para su distribución a través de cooperativas agropecuarias.
- Los pequeños ganaderos deberían tener acceso garantizado a entregar animales para faena directamente a los frigoríficos y luego negociar sus reses a través de certificados transferibles.
- Los pequeños productores lácteos o de pollos o de cerdos deberían contar con un apoyo concreto de envergadura para poder procesar su producción hasta llegar a industrializarla y entregarla directamente al comercio minorista. Esto es factible en todo el país, especialmente en las regiones más pobres y hay numerosas experiencias que lo validan.
Tal vez estos ejemplos sean suficientes para mostrar que:
- La política de retenciones móviles es casi obvia y debería ser mantenida.
- Superpuesto con ella, resulta imprescindible un gran esfuerzo para corregir la distorsión y concentración de la estructura productiva, recuperando un rol activo para los productores asentados en cada territorio.